7 Jun 2012

Frank Pearl, ministro de Ambiente, también habla de nuevo sistema de multas

Endurecerán penas para delitos ambientales

Por: Pablo Correa / Carolina Gutiérrez Torres

 Para combatir la minería ilegal y las firmas legales que no reportan todos los pozos, un equipo jurídico trabaja para introducir modificaciones al Código Penal.

El ministro de Ambiente, Frank Pearl. / Archivo

Si Frank Pearl pensó en algún momento que al aceptar el Ministerio de Ambiente tendría menos conflictos que resolver que como alto comisionado para la Paz y la Reintegración —su cargo anterior—, rápidamente debió desengañarse. Con una locomotora minera que comienza a acelerar, los problemas ambientales se han multiplicado.
De las decisiones que tome el Gobierno en los próximos meses, en temas tan sensibles como el nuevo Código Minero, depende la senda de desarrollo que siga el país: un modelo extractivista que privilegie los negocios tradicionales o un modelo sostenible. Esto es lo que dice el ministro.

Explíquenos cómo es el diálogo y la planificación entre ustedes y el Ministerio de Minas.
Cuando el presidente nos nombró a Mauricio Cárdenas y a mí, lo hizo casi al tiempo. Tenemos la ventaja de ser amigos y compañeros de universidad. Nos entendemos bien y tenemos una filosofía de trabajo en equipo. El compromiso que hicimos es que aquí hay un solo gobierno con una sola posición. Como son temas tan complejos, nos reunimos a puerta cerrada y definimos una sola posición.

¿Qué esquemas están usando para valorar el capital natural frente a los recursos mineros?
Los esquemas que había eran muy precarios. Se recibía un estudio de impacto ambiental y se exigía una compensación en términos de biomasa. Por ejemplo, una empresa minera podía operar durante veinte años y únicamente compensaba sembrando árboles durante los últimos tres años de la operación. Estamos trabajando sobre un nuevo manual de compensaciones. Se va a exigir una compensación integral en la misma región donde se dé la explotación o la actividad económica, y por un período de tiempo igual o mayor al de esa actividad.

¿Y las multas?
Estamos revisando eso. Tiene que haber proporcionalidad entre el daño y la pena. Hay compañías grandes que están pagando las penas con la caja menor de los campamentos. Ya tenemos un nuevo sistema de multas. Es probable que una multa que hoy vale 10 millones de pesos llegue a costar 10 millones de dólares.

¿Cuál es la proporción de minería legal, ilegal tradicional e ilegal armada en el país?
No tengo esas cifras, pero estamos trabajando con un grupo de abogados para introducir unas modificaciones en el Código Penal para redefinir la ilegalidad. La ilegalidad se entiende como mineros artesanales —esos tenemos que apoyarlos— y minería de grupos armados —que debemos combatir—. Pero hay otra, que es de compañías legamente establecidas que hoy no reportan todos los pozos, no reportan todos los vertimientos o todas las obras de infraestructura. Eso también es ilegalidad. Vamos a hacer modificaciones para que haya una serie de delitos ambientales que no sean excarcelables.

¿Por qué es más fácil conseguir una licencia para las nuevas empresas y no para los que llevan años haciendo minería artesanal?
Probablemente porque no tienen planes de manejo ambiental. En eso tenemos que ser mas inteligentes. No todo el mundo tiene la capacidad de cumplir los mismos estándares. Cuando uno pone estándares imposibles para muchos, como los mineros artesanales, lo que hace es mantenerlos en la ilegalidad. Tenemos que apoyarlos para que se formalicen, se asocien, hagan parte de la cadena de valor. Cuando el negocio gana escala, puede invertir en su comunidad y en el medio ambiente.

¿Es cierto que en el Minminas hay una puerta abierta para legalizar minería artesanal por la que se está colando minería ilegal armada?
La agenda de legalizar a los ilegales es la misma nuestra. Queremos que ganen escala. Si se están colando unos que no son eso es grave, pero no es una agenda del Minminas.

¿Cual es el mayor conflicto que tienen como gobierno con los mineros?
Hoy lo que sucede es que la minería criminal está utilizando a los mineros artesanales como escudo para impedir las acciones de gobiernos.

¿Es cierto que el Gobierno quiere poner en cuarentena al Amazonas para que no se haga explotación minera?
En el departamento del Amazonas ya está y en la región amazónicas, en algunas zonas. Ahorita estamos trabajando en un documento Conpes para la Amazonia y la altillanura, para ponernos de acuerdo como gobierno. La decisión que hay que tomar aquí es cuál es el mejor uso del territorio.

¿Ya tiene un borrador del Código de Minas? ¿Está de acuerdo?
Ya lo leímos y tenemos algunas observaciones. El acuerdo que hicimos con Mauricio Cárdenas y con Juan Camilo Restrepo (minagricultura) es este: no vamos a tener una versión que se presente al Congreso y dos ministerios tratando de impulsar cambios por detrás. Vamos a tener una única versión que es la visión del Gobierno.

¿Cuáles son las mayores diferencias?
Temas gruesos. Pero por la forma como estamos trabajando no me quiero adelantar. Podrían pensar que quiero ganar los debates en los medios.

¿Qué tantas presiones tiene con la locomotora minera?
Esa presión es de todos los días. Y viene de muchas formas. Eso es normal. Por el trabajo que hacemos es imposible dejar contentos a todos. Hay personas que piensan que hay que conservar todo y otras que piensan que la actividad económica va a cualquier costo. Con cualquier decisión ambos quedan descontentos y se unen para invalidar al Ministerio. El mundo está lleno de plata, lo que es escaso son los recursos naturales.

¿Desde que es ministro como cambió su sensibilidad ambiental?
Creo que no mucho. Siempre he sido sensible con los temas ambientales. No soy un ambientalista claramente, pero creo que esto es un tema económico, entendido en el sentido amplio de la economía: economía ambiental, economía tradicional y economía del comportamiento. Así lo estoy viendo. Como una mezcla de esas tres cosas.

Rio+20, una cumbre sostenible

Por: EL ESPECTADOR - Redacción Vivir

Madera certificada, materiales reciclados, energía a partir de biodiesel, entre otras iniciativas, hacen parte del plan del gobierno brasileño para mitigar o compensar los impactos ambientales generados por la Cumbre de las Naciones Unidas.

El gobierno brasilero parece estar comprometido con el ‘lenguaje verde’ que se hablará en Río+20. Todos los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en la organización de la cumbre, que reunirá desde el 20 al 22 de junio a los principales líderes mundiales en torno al desarrollo sostenible, fueron evaluados bajo 20 criterios con los que se pudiera comprobar su amabilidad con el medio ambiente. Se compraron equipos de eficiencia energética, se garantizó que la madera utilizada fuera certificada y prevaleció el uso de materiales reciclados.

Frente al manejo de residuos sólidos, el gobierno de Río de Janeiro contrató diferentes cooperativas de reciclado que además de encargarse mantener limpias las zonas, servirán como educadores ambientales que motivarán a los participantes a participar en la recolección selectiva, diferenciando los materiales reciclables de los no reciclables, los orgánicos y las pilas. Cada uno de estos será procesado de distintas maneras para su aprovechamiento. La ciudad estará señalizada con letreros en portugués, inglés y braille para que la recolección de se haga correctamente.

Buscando la promoción de prácticas de consumo sostenible por parte de los turistas, los Ministerios de Turismo y Medio Ambiente del Brasil aliados al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Ministerio de Ecología y Desarrollo Sostenible de Francia pusieron en marcha el proyecto Pasaporte Verde una campaña mundial para concienciar a los turistas sobre la protección del medioambiente.

Bajo el lema "Pasaporte verde, turismo sostenible por un planeta vivo", se iniciará con un proyecto piloto en Paraty, una ciudad histórica del litoral del estado de Río de Janeiro y donde se promoverán políticas sustentables como la adquisición en los restaurantes de productos de la agricultura familiar y de la pesca artesanal.

Durante la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 los invitados y visitantes recibirán información en los aeropuertos sobre cómo respetar la naturaleza, las tradiciones y los valores socioculturales.

En cuanto al consumo de energía, el Comité Nacional de Organización (CNO) contrató proveedores de espacios que pudieran garantizar su utilización eficiente, ya sea que provenga de fuentes eléctricas o de combustibles, pero la mayoría de los generadores de electricidad trabajarán con diesel B20 (20% de biodiesel). De igual manera y con el fin de reducir los niveles de emisiones que pueda provocar la conferencia, los vehículos oficiales en los que se trasportarán los invitados serán movidos con biocombustible (etanol) además se pondrán a disposición bicicletas para movilizarse entre los puntos de encuentro.

El comité organizador exigió además que todas las edificaciones efímeras que se construyeron, incluidas las que aún no están terminadas, utilicen madera certificada, materiales reutilizables y naturales y que su diseño tenga en cuenta los principios de arquitectura bioclimática.

De esta manera Rio de Janeiro se prepara para la llegada de una cumbre con la que se espera que estas iniciativas puedan replicarse en otras ciudades que, como las colombianas, se encuentran en vía de desarrollo y podrían comenzar a idear su expansión pensando en la sostenibilidad.

BIOCOMBUSTIBLES

Biocombustibles con freno de mano

Por: Diana Carolina Cantillo E. / Bucaramanga / EL TIEMPO

El sector pide al Gobierno acelerar compromisos pactados en el Programa Nacional de Biocombustibles. Santos dijo que se tendrá que estudiar efectividad y cargas que podría generar a los transportadores.

De acuerdo con los compromisos adquiridos en 2008, el Gobierno debería dar vía libre en 2013 a la mezcla de un 10% de biocombustibles con combustibles fósiles. Es decir, que a la hora de tanquear, los colombianos comprarían gasolina combinada con un porcentaje de etanol y, en el caso del diésel, con biodiésel. En la actualidad, el porcentaje de mezcla con biodiésel ha llegado hasta un 8%, en promedio. Pero el 2% de incremento estará en “estudio” hasta que no haya una “política incentiva de precios”. Y para sumar, al Gobierno también le preocupa que la mixtura no sea efectiva.

En los últimos cinco años, el sector palmero ha acrecentado su producción. Esto con el fin de apoyar la entrada de Colombia a la denominada era de las energías renovables sostenibles y para generar materia prima suficiente con la que se pueda producir el número de toneladas de biodiésel necesarias para enfrentar las bajas reservas de petróleo en el país —que según cálculos durarían los próximos 8 años—, siendo ésta la fuente energética más empleada en Colombia (47,6%), seguida del gas natural. El biodiésel tiene una participación del 0,42% y el alcohol carburante del 1,68%.

Con el 41% de su producción y 168.200 hectáreas de palma de aceite dedicadas a suplir las necesidades de la industria del biodiésel en Colombia, los palmeros del país han podido abastecer con aceite a seis plantas de biodiésel que tienen una capacidad total de 506.000 toneladas al año. Además se están preparando para atender una oferta de 45.000 toneladas de combustible ecológico, debido a la entrada en operación de otras dos plantas antes de terminar el primer semestre de este año, las cuales tienen una inversión del orden de los $40.000 millones por parte de los industriales e involucran el equivalente de 11.500 hectáreas de palma y, sin el costo de la tierra, recursos adicionales por $80 mil millones.

De esta manera, los actores de la cadena productiva del sector del agro combustible previeron una capacidad instalada adecuada para que en 2013 un transportador pudiera tanquear su camión con diésel mezclado con un 10% de biodiésel. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos, durante el XL Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, que se llevó a cabo la semana pasada en Bucaramanga, dio a conocer las condiciones de juego.

“Estamos estudiando y tenemos intenciones de ver cómo podemos elevar ese porcentaje a niveles bastante más altos. Eso lo haremos siempre y cuando tengamos una política de precios que ofrezca los incentivos adecuados, sin imponer una carga excesivamente alta sobre los transportadores que utilizan diésel. Además, claro, tenemos que asegurarnos de que estas mezclas sean viables desde un punto de vista ambiental y técnico, para el parque automotor. Pero el hecho es que estamos trabajando en el tema. Creo que es uno donde la concertación es importantísima; tenemos que dar las señales correctas”, aseguró Santos.

Jorge Bendeck, presidente de la Federación de Biocombustibles, recordó que el Congreso aprobó leyes que permitieron el desarrollo de los biocombustibles con la intención de reducir la dependencia del petróleo y las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, además de generar empleo rural justamente remunerado, pero no deprecio.

“Los biocombustibles siempre han aportado su ayuda al precio de los combustibles fósiles, en la medida en que las materias primas han bajado, como está ocurriendo con el etanol, cuya materia prima, el azúcar, ha bajado en casi un 25% su precio, afectando positivamente el valor de las mezclas”, anotó.

En el caso del biodiésel ha ocurrido lo mismo. Es importante para el colombiano del común saber que cada vez que compra su combustible, allí hay una pequeña porción que está dando empleo a más de 30 mil campesinos. Alrededor de 300 mil personas derivan sustento de los biocombustibles en Colombia y 600 mil de la palmicultura, manifestó.

Santos hizo un llamado a revisar el Fondo de Estabilización de Precios. “Queremos que cada eslabón sea sostenible, y en ese sentido es muy importante que los palmicultores sean proveedores competitivos de la cadena agroindustrial. Por esta razón, creemos que es importante revisar los instrumentos de política comercial del sector, como por ejemplo el Fondo de Estabilización de Precios de la Palma. Hemos decidido que se discuta este tema, bajo el marco del Programa de Transformación Productiva, de manera que se tenga en cuenta a todos los integrantes de la cadena. No queremos que por ayudar a unos, perjudiquemos a otros”.

Así, mientras que el Gobierno habla de un aumento “paulatino”, sustentado en estudios técnicos y ambientales, el sector palmicultor reclama por la falta de claridad en las reglas de los compromisos ya pactados.

“En sólo cinco años se han construido plantas y se ha desarrollado un mercado para una mezcla de un 10% del biocombustible con el combustible fósil. No se pueden hacer cambios en las reglas del juego so pena de que los inversionistas se van a ver afectados en su desempeño financiero. Sería una pésima señal para quienes han estado explorando las posibilidades de incursionar en este negocio”, dijo Jens Mesa, presidente ejecutivo de Fedepalma.

“Mucha palma se sembró en los últimos cinco años con la tentativa de que su mercado fuera el biodiésel, y el Gobierno anteriormente había dicho que la mezcla llegaría al 20%. Necesitamos claridad en cómo se va a hacer esa ampliación, esa mezcla, para mirar cómo los inversionistas y las plantas pueden programar la ampliación y los nuevos desarrollos, y que el programa pueda fluir con la mejores condiciones y garantías para todos los actores”, reclamó el dirigente.

En cuanto a una posible reducción del precio de la producción de palma de aceite, Mesa explicó que “al ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santa María, le señalábamos que, en el caso del aceite de palma, y eso ocurriría con el biodiésel, nosotros nos hemos movido en el exterior. Y el mercado internacional ha mostrado que los precios suben pero también bajan. Entonces, no podemos bajar los precios cuando están arriba, o viceversa. Tenemos que tener una claridad de si vamos a seguir en el mercado o no”, sostuvo.

El Gobierno no ha planteado una intervención del mercado de productos agrícolas, como el aceite de palma. Al no hacerlo el Gobierno, haríamos mal nosotros al olvidarnos de que hay que seguir el mercado. Hoy no encontramos realmente cuál sería la fórmula para lograr lo que quiere el ministro. Y nuevamente queremos recordarle que, en el caso de las energías alternativas, el objetivo para desarrollarlo normalmente no ha sido reducir los costos a las biocombustibles. Todo lo contrario, al introducir otras energías renovables no convencionales se encarece la canasta, porque las razones para hacerlo no son de orden económico sino ambiental, social, estratégico para los países, y así lo debe ver Colombia, puntualizó.

¿Una mezcla segura?

La discusión sobre el aumento de biocombustibles en la mezcla con combustibles fósiles no sólo está centrada en el precio, sino también en su efectividad, como lo afirmó el mismo presidente de la República. Los transportadores y usuarios de combustibles en Colombia debaten acerca del rendimiento y la potencia de los biocombustibles y su compatibilidad con los motores.

Jairo Herrera, presidente de Asecarga, señala que hay preocupación entre los conductores, pues consideran que los vehículos pierden potencia con la mezcla. “Hay que socializar el tema y realizar más pruebas para determinar si es mito o realidad.

Mientras que Jaime Sorzano, presidente ejecutivo de Colfecar, considera que el biodiésel genera bacterias que deterioran los conductos y los tanques de almacenamiento del combustible, lo que incrementa la necesidad de lavarlos cuatro veces al año, algo que con el ACPM sólo se hace dos veces. Así mismo señaló que con la mezcla el sector tiene que pagar $700 más que si se tanqueara sólo con ACPM. Además sostuvo que por esta mezcla el Gobierno deja de recibir $2 billones al año, es decir que indirectamente se convierte en un subsidio que también asumen los transportadores.

Entre tanto, Bendeck Olivella aseguró que, junto con el ICP de Ecopetrol, el Ministerio de Minas y Energía y Cenipalma, se han adelantado diferentes campañas de capacitación sobre el manejo que hay que darles a los biocombustibles y sus mezclas.

“Se han reducido casi a cero los reclamos. En tierra fría no hay problemas: la empresa Si 99 de Transmilenio recorrió 1’200.000 kilómetros con mezclas hasta del 50% de biodiésel de palma, sin un solo problema. Igualmente, Coordinadora Mercantil, con camiones Chevrolet, recorrió 900 mil kilómetros con mezclas de 20% de biodiésel de palma, sin un solo problema, viajando por todos los pisos térmicos colombianos. La clave es mantener sin agua los tanques, tanto de almacenamiento como de los vehículos”, indicó.

CHINGAZA

Por razones ambientales,

no se construirá la represa Chingaza II

Por: EL TIEMPO REDACCIÓN BOGOTÁ | 4:24 p.m. | 02 de Junio del 2012

Durante una ceremonia indígena, en la laguna de Chingaza, Diego Bravo hizo el anuncio.

Así lo anunció este sábado el gerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo Borda.

Junto a uno de los páramos más exuberantes del país y bajo la lluvia, Diego Bravo Borda, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, anunció que la entidad no tramitará la licencia ambiental para iniciar la construcción de la Fase II de la represa de Chingaza.

Este anuncio se hizo en el mismo día en que el alcalde Gustavo Petro firmó el Pacto de Estambul, el cual defiende el acceso de los ciudadanos al agua de calidad.

"El compromiso nos obliga a retirar el trámite de licencia ambiental para ampliar Chingaza. No lo necesitamos, vamos a comprometernos con la conservación de los páramos de Chingaza, Sumapaz y Guerrero", dijo Bravo durante una ceremonia indígena.

La decisión cambia por completo el panorama del abastecimiento de agua potable de la capital, presupuestado desde el Acuerdo 11 de 1997, con el cual el Concejo de Bogotá autorizaba a la empresa pública a hacer la obra del servicio público.

Frente a la laguna de Chingaza, unas rosas dispuestas de forma circular sostenían una ofrenda de lentejas, arroz, chocolate, sal y azúcar para la madre tierra.

Mirando a los asistentes, el mamo Crispín Izquierdo -o Arwa Viku en su lengua originaria- dijo algunas palabras en arhuaco que sonaban como si fueran reproches. Miraba al público y señalaba la laguna, rebosante de agua.

Después tradujo en español su mensaje: "Nos ha tocado ir a Europa a ver una crisis muy difícil con respecto al agua. Nosotros aquí, con tanta abundancia de recursos, no apreciamos lo que tenemos", dijo mientras mambeaba unas hojas de coca.

Después, Bravo fue rociado con unas gotas de agua de la laguna y recibió de Crispín una pulsera tejida por indígenas de la sierra nevada de Santa Marta.

El ambiente olía a páramo y aguardiente del ritual. El viento soplaba fuerte y arrastraba consigo las hojas de coca que el mamo arrojaba sobre la ofrenda para sellar el ritual.

Cuando terminó, Bravo anunció el cambio de dirección con respecto al abastecimiento de agua potable para Bogotá y los once municipios que se benefician del acueducto.

Bravo fue enfático al decir que "cuando me dicen que es Cundinamarca la que abastece de agua a Bogotá, solo puedo decir que esta es una afirmación absurda. No nos van a reclamar con escopeta su derecho a hacer desorden", resolvió ante los reclamos sobre el cese de la venta de agua en bloque en el departamento.

Con estas medidas, la pregunta está en cómo va a hacer la Empresa de Acueducto para no interrumpir el flujo de agua en unos años si hoy hay dificultades para tratar la que viene del río Bogotá con unos niveles tan altos de contaminación, por lo que cada año es más caro el tratamiento.

"Recibimos agua sucia de zonas por encima de la bocatoma de la represa de Chingaza. Veo con sorpresa que Camacol tiene un proyecto para construir 144 mil viviendas por fuera del perímetro urbano. No les daremos agua y la presidenta de esa entidad respondió que ponemos en riesgo su proyecto", subrayó el funcionario.

Así, la determinación del alcalde Gustavo Petro, según Diego Bravo, es pedir acciones coordinadas con las autoridades nacionales y departamentales para hacer un control de las licencias ambientales adjudicadas a los diferentes proyectos de construcción, agrícolas e industriales que ya están en curso y los que están por venir.

"Que la autoridad ambiental nacional vigile el cumplimiento de los estándares. Si no cumplen, que les quiten las licencias", sentenció. Con esto esperan reducir los niveles de contaminación y estabilizar el flujo de agua potable en la región.